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Tiempo atrás, la hoy denominada zona diamante de Acapulco fue expropiada por “causa de utilidad pública”. Dicho propósito fue escamoteado por el propio gobierno estatal. La destinó a la especulación inmobiliaria más grande y voraz de la historia de Guerrero; promovida por los gobiernos estatales de varios sexenios a la fecha.
A los ejidatarios les pagaron con pesos devaluados sus tierras para luego revenderlas, con cierta infraestructura básica, en puros dólares. Para ese negocio redondo fue creada la Promotora Turística de Guerrero (PROTUR). Organismo inmobiliario descentralizado del gobierno estatal que la conjetura pública la ubica como la caja grande de todos los gobernadores desde que fue creada. Se especula que en torno a PROTUR ha estado la danza de miles de millones de dólares y el amasar grandes fortunas a partir de la compra-venta de tierras con vocación turística.
En acto insólito, el seis de junio del presente año, el tribunal agrario federal dicta resolución favorable a la demanda de los ejidatarios afectados en contra de la expropiación de 138 hectáreas del ejido de “La zanja” y ordena su reinscripción, a favor de los mismos, en el registro agrario nacional.
En otras palabras, queda nulo el decreto expropiatorio a favor del gobierno del estado y este se obliga a pagar, a través de PROTUR, a los ejidatarios expropiados la cantidad aproximada de ¡seis mil novecientos ochenta millones de pesos! quedando nulas de todo derecho las escrituras que amparan ventas de estos terrenos ejidales.
El juicio se ganó, entre otras cosas, debido a la indolencia del gobierno estatal, de PROTUR y de algunas inmobiliarias privadas, de no haber presentado los alegatos y las pruebas documentales de descargo; es más, ni comparecieron a los citatorios del juez.
También la resolución del tribunal agrario obliga al Presidente de la República, Felipe Calderón, a garantizar con actos directos, los derechos de los ejidatarios sobre las 138 hectáreas y de ver que se les pague el monto fijado en la sentencia.
Aquellos compradores que adquirieron de PROTUR esos terrenos ejidales en la zona diamante (con alta vocación turística por estar a orillas del mar) y que hayan construido hoteles, residencias, edificios en condominio o simplemente los tengan en posesión privada con fines de especulación, deberán también pagar a los ejidatarios el diferencial entre el precio original de compra y los precios de los avalúos que obran en autos del juicio agrario; ello para que se les rehagan nuevas y legales escrituras; observando en todo momento lo dispuesto en la ley agraria federal.
Esta sentencia del tribunal agrario marca, sin lugar a dudas, un parte-aguas histórico en el gran fraude y despojo sistemático que, en forma legaloide, simulada y con engaños, se ha venido realizando a campesinos poseedores tanto de tierras ejidales con vocación turística como en zonas suburbanas y que les fueron expropiadas por causa de “utilidad pública” y que hoy están en manos privadas de empresas inmobiliarias, gente adinerada y de la clase política nacional y estatal, algunos con sus respectivos prestanombres, por supuesto.
La resolución judicial agraria es firme. Aún cuando extrañamente hayan removido al magistrado que la dio. Solicitaron amparo los ricos desfavorecidos; éste se sobresello. Lo que procede es que se sienten a negociar las partes, se les haga justicia a los perjudicados originales o a sus familiares porque algunos ya murieron y se limpie una de las posibles prácticas de latrocinio disfrazado de altos vuelos, que durante décadas han realizado los barones del poder y del dinero en Acapulco a través de PROTUR.
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