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Presidencialismo latinoamericano; dos ejemplos

Ernesto Salgado Cortés

Estudios de doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Políticos y Avanzados, UAG

Presidencialismo, parlamentarismo y democracia en América Latina. El ejecutivo, Estado y Gobierno: El presidente, jefe de estado y de gobierno, son aspectos del análisis político de los regímenes del continente americano, se hace abstracción del caso USA, por ser el de régimen presidencialista clásico. El parlamentarismo clásico el europeo, y los semipresidenciales o semi parlamentarios, o regímenes mixtos, también en Europa del sur.
Los aspectos anteriores son características a considerar en el análisis del tipo de gobierno que se ha construido históricamente en nuestro continente Latinoamericano, antes queremos definir algunos aspectos conceptuales para ejemplificar los tipos de gobierno que se han construido a lo largo de la historia de las instituciones políticas y la funcionalidad del poder gubernamental: los de forma clásica, lo han sido el monárquico (tradición autoritaria), la cosa pública, está en manos de un personaje específico y sus funcionarios, que se convierten en su gabinete, su equipo de trabajo, que se entiende como el poder ejecutivo, que es al mismo tiempo la noción clásica de gobernment, al poder ejecutivo que en el caso de la república liberal democrática corresponde a la figura del presidente, el jefe de Estado, jefe del poder ejecutivo; para diferenciarlo de otras esferas del poder tales como el parlamento y el poder encargado de la administración e impartición de la Justicia: los jueces. El parlamentarismo es otra de las formas clásicas, producto de un proceso de diferenciación y autonomización del gobierno con respecto al soberano (monarca o presidente). El proceso de democratización del parlamento, se da cuando este consiguió determinar la orientación política del gobierno.
Entendemos como gobierno, una combinación de instituciones constituidos por: el monarca/presidente-ministros-consejo de gobierno, la burocracia administrativa.
El gobierno constitucional está sometido a leyes, los poderes fácticos, aunque funcionen autónomamente, son una parte menor del poder gubernamental, son extraconstitucionales, que al fin de cuentas se someten al poder establecido de manera constitucional. De esa manera el jefe de gobierno tiene facultades como emitir leyes, los presupuestos, reglamentos, que sin embargo son sometidos a otro poder como es el parlamento que las sanciona, estableciéndose un binomio de funcionalidad: legislación-ejecusión, es decir la política gubernamental se diseña en el ejecutivo o en el parlamento, pero es sancionado por el cuerpo legislativo y realizado, ejecutado por el poder ejecutivo, el presidente, primer ministro y el cuerpo del gabinete que compone el equipo de gobierno formado. El parlamentarismo, el gobierno presidencialista y el semipresidencialista, que son las tres formas de gobierno más difundidas en los regímenes democráticos consolidados; todos dentro del marco de la constitucionalidad. El gobierno parlamentario, forma adquirida dentro de los regímenes liberal-democráticos –monárquicos o republicanos-, el parlamentarismo fue adoptado como forma de gobierno predominante, a pesar de la contradicción entre dos legitimidades: la legitimidad liberal-democrática, esgrimida por el parlamento y por otra, la legitimidad de signo tradicional, propia de la corona; el “principio electivo” frente al “principio monárquico”. Se establece históricamente (el caso español), una relación diferenciada entre la corona (el rey) que es jefe de estado, pero que no tiene funciones de gobierno, el gabinete ministerial presidido por un primer ministro, el rey, de acuerdo a la conformación de las fuerzas políticas en el parlamento, designa a los ministros del gabinete o consejo ministerial, adquiriendo relativa autonomía del soberano y está en condiciones de rendir al parlamento, así, el rey –jefe de estado- solo reyna, pero no gobierna: Es así que en un gobierno de tipo parlamentario, el gobierno necesita para subsistir que no se forme en la cámara la mayoría constitucionalmente exigida para que tenga éxito un voto o moción de censura, para que el jefe del ejecutivo o primer ministro dimita o convoque a elecciones anticipadas (principio de revocabilidad en todo momento del soberano.
El presidencialismo, forma de gobierno predominante en América. En USA se establece como forma de gobierno a partir de la Constitución de 1787, de Filadelfia, auspiciada por Hamilton y Madison (Lleixa 1996: 401) Una república donde su presidente era elegible por sufragio popular –para un periodo fijo de cuatro años- con posibilidades de una sola reelección. El gobierno presidencialista surgido de esa Carta Magna, logra que la presidencia concentre en sus manos la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, y este no puede ser cesado por el congreso, y al mismo tiempo, el presidente no puede disolver al congreso, evitando una posible polarización de intereses entre ambos poderes. Estos son directamente legitimados por el electorado (elecciones libres). El de USA es el único caso de presidencialismo puro (Crespo aduce que si es clásico, pero de perfil autoritario, 2009). Se toma este modelo para tratar de explicar y contrastar otros presidencialismos existentes en países de América Latina, en particular los del siglo XX.
El gobierno semipresidencial o semiparlamentario, son formas híbridas de gobierno, es el caso del acuñado en Francia en el periodo de entreguerras (República de Weimar) 1919-1933, y actualmente lo es la república francesa a partir de 1958 (periodo de De Gaulle), siendo Austria, Finlandia, Islandia y Portugal que se ubican en esa categoría. Esta forma es derivada de la monarquía parlamentaria democrática, la dialéctica establecida entre la legitimidad de origen liberal-demócrata y la legitimidad tradicional entre el parlamento y la corona. El semipresidencialismo republicano del siglo XX, las dos legitimidades tienen un origen democrático, tanto el presidente como el parlamento han sido elegidos directa y democráticamente por la ciudadanía en su conjunto, el gobierno es un órgano colegiado y dirigido por el presidente del gobierno, en un ejercicio de doble confianza. El jefe de gobierno forma su gabinete, mismo que es sancionado por el parlamento, lo ratifica o deniega su formación y puede reestructurarlo o esperar una nueva propuesta de consenso entre las fuerzas que constituyan el nuevo gobierno (acto de formar gobierno plural y representativo en un gobierno de coalición mayoritaria).
En el caso de los regímenes en América Latina de siglo XXI, existe la opinión de académicos y analistas políticos de que –el presidencialismo- es una forma de gobierno fallida e inoperante para poder dar estabilidad institucional al poder del estado, el presidente, el parlamento y los partidos políticos no logran consolidarse como instituciones funcionales, estables y duraderas, las más de las veces, cuando menos en los regímenes postdictatoriales, la inestabilidad política ha sido el tono de los “gobiernos democráticos” emanados del autoritarismo de los años 70 y 80’s.
“El presidencialismo en América ha sido una forma de gobierno fracasado” (USA, México, etc.) Crespo 2009, Katz 2007.
Estudios realizados por analistas e instituciones académicas recientemente, han dado a conocer algunos aspectos y clasificaciones sobre el tipo de gobierno (el presidencialismo) actual en los países latinoamericanos hoy día. (Katz 1986, 2007; Crespo 2007, 2009; Ulloa 2002)
Primero hay que ubicar otro concepto, el de los poderes fácticos que se articulan, juegan, confrontan y se complementan con el poder político público. Para lo cual se utilizan los argumentos dados en base a la postura del filosofo Luis Villoro, expuestos en una ponencia al respecto (Ulloa 2002).
Los poderes fácticos juegan un papel importante en la conducción de la política gubernamental de un país determinado: los sindicatos, clubes, organizaciones empresariales, movimientos sociales, etcétera, juegan un papel de contrapeso al poder público, generan escenarios de negociación y muchas veces determinan de alguna manera la aplicación de política pública alguna. Llegan incluso a generar el ascenso al poder de determinado personaje o fuerza en la conducción del gobierno de manera legítima, vía elecciones, como lo hizo el sindicato Solidaridad en Polonia, o el movimiento de los cocaleros en Bolivia (2007), con Evo Morales al frente del movimiento primero y posteriormente del gobierno boliviano.
Los partidos políticos emergentes y movimientos sociales locales juegan un papel importante en el análisis de los fenómenos políticos actuales en América Latina, al respecto Ulloa cita a Claus Offte. En Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, el autor nos dice:

“En los años setenta ha sido corriente que los politólogos y los expertos en sociología política constaten la fusión de las esferas política y no política de la vida social al analizar el cambio de estructuras y la dinámica en la política de Europa Occidental. Se está cuestionando la utilidad analítica constante de la dicotomía convencional entre el "Estado" y la "sociedad civil". Se observan procesos de fusión entre ambas esferas, no sólo a nivel de manifestaciones globales sociopolíticas, sino también al nivel [...] [de] algún interés sistemático.”

Ulloa (2002), al respecto nos dice: “La fuerza del poder público se debe a ciertos poderes, como los económicos, los religiosos, los de las corporaciones sindicales, etc, que forman parte de la esfera fáctica. De esta forma podemos decir, que el poder público no es un poder completamente independiente del poder fáctico, más bien entre ambos se presentan relaciones dialécticas, contextuales e históricas.”
Esto es importante para considerar las posibilidades de construir o avanzar en los procesos democratizadores de nuestro continente, en la medida de que estos factores de la esfera fáctica jueguen un papel en sentido negativo o positivo para retardar y obstaculizar por un lado la democracia o para favorecerla por el otro.

Sentidos del Presidencialismo en dos países: Chile y Costa Rica

La propuesta diferente al Neoliberalismo en el sentido del pensamiento político de Villoro, es: El modelo igualitario (Ulloa 2002), “El modelo igualitario es un modelo político, que pide al Estado su intervención en la sociedad, para corregir las desigualdades existentes, usa el poder político para atacar las desigualdades: se verifica una contundente gravitación del Poder Ejecutivo. Esta preeminencia expresa la tradición presidencialista en una región con escaso peso del parlamento, reducida incidencia de los controles judiciales y amplios poderes de los jefes de estado. Una situación excepcional como la que estamos viviendo en la presente depresión mundial, donde se observa la intervención del Estado, en particular en de USA, que interviene financieramente para controlar la crisis, y el resto de Estados europeos que también entraron en depresión, de igual manera los latinoamericanos para poder enfrentar los efectos mundiales de la crisis: caída de las importaciones por el incremento del precio-dólar, medidas como bajar la tasa de interés bancario, inyectar dólares ante la sobredemanda, que sin embargo no resuelven de fondo la situación de excepción.”
Las normas de excepción para intervenir que dicta el modelo “1) compensar las desigualdades generadas por la libre competencia en el mercado; 2) restringir las libertades individuales de quienes no contribuyen a la mayor libertad de todos; 3) favorecer con acciones de ‘discriminación positiva’ a los menos favorecidos; 4) terminar con toda forma de intolerancia y 5) fomentar la cooperación, más allá de la simple tolerancia, entre todos los miembros de la asociación.” Siendo esta una propuesta de tipo filosófico-política, por tanto, de tipo ideal.
Mientras, por otra parte Katz (2007) hace una clasificación político-ideológica sobre regímenes presidencialistas en A. Latina. En los tres tipos de gobierno (Conservadores, Centroizquierdistas y Nacionalistas), el primer mandatario y sus preeminencias son tan habituales, como la ausencia de contrapesos al poder central. Este modelo contrasta con el sistema parlamentario europeo.
En el ranking de países con mayores atribuciones presidenciales se ubican
Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia. Pero en los últimos años las facultades del ejecutivo se reforzaron en toda la zona junto a la sanción de normas para prolongar los mandatos. Argentina vive en estado de emergencia permanente desde1989,Lulareforzó las atribuciones legadas por su antecesor y Uribe obtuvo entre 2001 y 2004 un cúmulo inédito de superpoderes. También Chávez, Morales y Correa reclaman actualmente estas facultades. Se observa que, en lugar de disminuir facultades al mandatario, el presidente concentra cada vez más poder, alejándose de la posibilidad de un régimen presidencial democrático (semipresidencialista) con contrapeso en el parlamento, donde quizás se encuentre un rejuego de posibilidades políticas de construir un equilibrio en términos de políticas públicas y facultades meta y constitucionales, para tratar de hacer más equitativo el proceso democrático y el de la igualdad necesaria. También es cierto que existen poderes fácticos que presionan en sentido negativo estos procesos o intenciones democratizadoras, alimentando las tendencias autoritarias (expresiones de la ultra derecha que añoran los tiempos dictatoriales e intolerantes, en particular contra los movimientos sociales emergentes, que reclaman libertades y justicia y/o resistencias ante las políticas gubernamentales).
Históricamente esta gravitación del presidencialismo obedeció a la virulencia de
las crisis regionales. Estas turbulencias han sido tan repetidas y devastadoras, que impusieron la instauración de formas muy personalistas de conducción del estado. La misma tendencia se observa en muchos países centrales. Churchill, De Gaulle o Bush nunca fueron muy respetuosos de las formalidades institucionales. Pero su autoritarismo siempre estuvo sujeto a mayores controles, ya que las clases dominantes del centro cuentan con mecanismos más sólidos que sus pares de la periferia para supervisar esas gestiones.
El caso extremo del autoritarismo lo es el de Bush junior que con el pretexto de los ataques del 11 de septiembre, decide invadir países de Medio Oriente como Afganistan e Irak, aduciendo buscar armas de exterminio masivo, que ponían al mundo en riesgo de guerra global. Lo cierto es que no hubo tal y evidencia su ambición por los recursos petroleros del área y el control de la heroína que se comercia con Europa. Ser el policía del mundo los hundió en la crisis actual. Obama reconoce que han perdido el liderazgo mundial, si es que lo tuvieron antes.
La envergadura de la crisis (del presidencialismo como modelo autoritario viable), también convirtió a Latinoamérica en un terreno fértil para el cesarismo y el bonapartismo, en la medida que los jefes del estado son
convocados para dirimir grandes conflictos. El presidencialismo regional no es solo un resultado de la ambición desmedida. Expresa la fragilidad imperante en todos los rincones del capitalismo periférico.
Durante las crisis de las últimas dos décadas la discrecionalidad presidencial
permitió garantizar la continuidad de la acumulación. Los privilegios de las clases dominantes fueron regulados desde la trastienda del poder, a través del gobierno por decreto. En los momentos más críticos, las grandes decisiones del Ejecutivo se adoptaron a puertas cerradas bajo la excluyente supervisión del establishment.
La debilidad de los sistemas políticos post-dictatoriales fue contrarrestada con un patrón de verticalismo militar heredado de las tiranías.
Pero el sentido concreto de cada modalidad de presidencialismo depende del
carácter conservador, centroizquierdista o nacionalista del gobierno. Estas tres orientaciones (político-ideológicas) definen el contenido político de la supremacía que ejerce cada jefe de estado. Aunque la crítica de los medios de comunicación recae habitualmente sobre los nacionalistas, el presidencialismo es una práctica muy común entre los conservadores, que pocas veces respetan los tiempos del Parlamento o las formas de la Justicia.
También los líderes de centroizquierda imponen sin miramientos su voluntad y
frecuentemente desconocen las decisiones de los propios partidos que los llevaron al poder.
En lugar de observar al presidencialismo como una perversión de caudillos
latinoamericanos conviene diferenciar los objetivos perseguidos por cada mandatario. Si se presta atención a estos propósitos, salta a la vista que Uribe, Lula y Chávez acaparan facultades ejecutivas con finalidades muy opuestas.
No tiene ningún sentido colocar en un mismo casillero de discrecionalidad
presidencial al terrorismo de estado derechista, al socio-liberalismo de la
centroizquierda y al antiimperialismo del nacionalismo. La afinidad formal de
comportamientos no debe ocultar la divergencia de metas que separa a estos
mandatarios”(Katz,2007).

Presidencialismo Chileno: Régimen de Centro-izquierda

La presidenta Bachelet navega a dos aguas. Por un lado evita confrontar con el movimiento social y exhibe una retórica progresista, pero por otra parte mantiene una orientación económica neoliberal, reafirma los tratados comerciales con Estados Unidos y seleccionó un gabinete de ministros del establishment. La actual mandataria ha acumulado facultades y se ha enfrentado con relativa tolerancia a las fuerzas (poderes fácticos) provenientes del régimen de Pinochet, estas tienen relativa presencia en la sociedad chilena gracias a las políticas sociales implementadas por el dictador que le dieron consenso a su régimen autoritario, cosa que no sucedió con el caso Argentino, donde el proceso de recuperación democrático institucional tuvo que pasar por el castigo a los represores, el movimiento de las madres de mayo exigieron y lograron el enjuiciamiento de los militares responsables de la represión, cuestión que no sucedió en el caso de Chile.
Este es un logro de la movilización popular, el retroceso del autoritarismo y de la represión como método de control de las fuerzas populares demandantes de democracia y equidad económica, libertades y desarrollo social.
Ante esta situación Katz (2007) dice:
“En casi todos los países los movimientos sociales soportan presiones e intimidaciones y cuentan con un margen acotado para actuar. Pero el contexto del hostigamiento burgués ha cambiado significativamente. Los opresores deben convivir con libertades públicas muy superiores al viejo estándar latinoamericano de persecución brutal a los luchadores. Estos avances constituyen una preocupación cotidiana de las elites derechistas, que añoran la vigencia de modelos más autoritarios.
En cambio en la mayoría de los gobiernos de centroizquierda (dentro de los cuales el autor incluye al chileno), las estructuras represivas han quedado colocadas en un segundo plano. Este repliegue difiere en función de la erosión sufrida por cada pacto de transición.
Económicamente, los regímenes de centro-izquierda, mantienen un modelo económico neo-desarrollista, que en si no es incompatible con el modelo neoliberal impulsado por USA.
El curso neo-desarrollista es en cambio más notorio en los gobiernos de
centroizquierda, aunque sin gran uniformidad. Kirchner favorece el viraje, Lula vacila y Bachelet o Tabaré por ahora no lo comparten. (Katz 2007)
Los regímenes constitucionales de la postdictadura, características de países latinoamericanos, adquieren cualidades diferentes de acuerdo a la situación histórica concreta que terminó con la caída de las dictaduras del Cono Sur.
El análisis de Katz sobre los regímenes presidencialistas constitucionales, de acuerdo a su clasificación de regímenes actuales, nos lleva a la siguiente afirmación: el régimen institucional y el para-institucional.
“La principal característica actual de todos los regímenes latinoamericanos es el constitucionalismo pos-dictatorial. Pero en el marco común de esa modalidad prevalecen dos grandes variantes de mayor o menor sustento en el formalismo institucional. Esta diferencia separa a las opciones asentadas en sólidos (y pocos) partidos de las vertientes sostenidas en estructuras clientelares. Mientras que en el primer caso gravita el enjambre de filtros y mediaciones que regula la estructura constitucional, en la segunda alternativa prevalecen las normas delegativas, plebiscitarias y personalistas. El poder ejecutivo es un pilar de ambos regímenes, pero el estilo de gestión menos visible del modelo institucional contrasta con las formas más expuestas del esquema para-institucional.
La vigencia de uno u otro régimen deriva de tradiciones nacionales específicas.
En ciertos países se afianzaron mecanismos más institucionales (Uruguay, Chile, Costa Rica) y en otros se reforzó el molde informal (Venezuela, Brasil, Argentina). Este resultado ha dependido también del contexto de la transición. Algunas dictaduras se desplomaron por acontecimientos externos (Guerra de Malvinas en Argentina) y otras por crisis interiores (Uruguay), en procesos supervisados desde arriba (Brasil, Chile) o precipitados desde abajo (Bolivia). Además, el grado de vulnerabilidad de cada pacto condicionó el esquema formal o informal que ha dominado en cada país.
Pero en los últimos veinte años se han verificado también pasajes de uno a otro modelo por el simple fracaso del esquema opuesto. De cada colapso institucional emergieron canales para-institucionales, que a su vez se diluyeron con la recomposición del estado. De la impotencia del parlamento y los partidos tradicionales emergieron arbitrajes autoritarios, que luego fueron reemplazados por renovaciones institucionalistas.”
Otra es la situación de algunos países de Centro América, donde el rejuego del régimen presidencial es diferente de acuerdo a sus circunstancias histórico-políticas.

Caso Costa Rica: República presidencialista institucional

El tema de si mantener el actual sistema presidencialista, adoptar el parlamentarista, o mantener el presidencialista adaptándole algunas características del parlamentarista, ha sido discutido desde hace varios años en Costa Rica. Los regímenes híbridos semipresidenciales, se han planteado ante el fracaso del presidencialismo autoritario, dándose grandes debates en los partidos políticos y el parlamento, afín de incluir reformas constitucionales para matizar los excesos del régimen presidencial, haciendo jugar un papel más participativo y de contrapeso al poder del parlamento, como regulador de las facultades excedidas del “señor presidente”, acotando su poder, buscando un régimen con peso equilibrado entre el ejecutivo y el parlamento, cuidando la confrontación de intereses entre ambos poderes constitucionales..
Prueba de ello, es que en el seno legislativo de Costa Rica se han presentado varios proyectos con el objetivo de hacer cambios en este sentido, en temas tales como:

Voto de censura con consecuencias políticas para los ministros.
Introducción de la figura del primer ministro.
La ratificación de nombramientos en el Poder Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa.
El escrutinio público por parte del Poder Legislativo de los candidatos a puestos del Ejecutivo. (CEDIL 2007)

Costa Rica tiene un sistema presidencialista (acotado o mixto) al que se le han incorporado algunos matices del sistema parlamentarista, buscando con ello, mediante la atenuación del primero, un verdadero equilibrio entre los poderes del Estado. A pesar de esta singularidad, el sistema aún sigue manteniendo algunos defectos importantes tales como “…el presidencialismo costarricense se caracteriza no sólo por los muy amplios poderes del presidente sobre una rama ejecutiva hipertrofiada debido al estatismo, sino también por la injerencia del presidente en los más variados aspectos del proceso político…” (Fourier 1995).
Estos problemas del presidencialismo, son los que han motivado en el seno legislativo, un replanteamiento del sistema de gobierno, al punto, de que la administración de Rodríguez Echeverría, presentó un Proyecto de Ley que pretendía un cambio radical, proponiendo la adopción de un régimen semipresidencialista.
Es importante tomar en consideración, que la adopción por parte de un Estado de una forma de gobierno específica, ha sido por lo general el producto de un largo proceso histórico, que provoca un apego de esta en la cultura jurídica del país, por lo que hay que tener sumo cuidado cuando se pretenden hacer cambios importantes en este aspecto.
“…la implantación de uno u otro sistema depende de experiencias tan diferentes como la evolución histórica de Europa y la organización inicial de nuevas naciones en el continente americano.” (Dengo 1995)
Sobre los esquemas clásicos referidos arriba, se toman como referentes el Parlamentarismo europeo y el presidencialismo norteamericano.
“No se encuentra en la Europa de aquella época una institución similar con la cual comparar el sistema presidencial norteamericano, que en realidad es un producto ideológico del fecundo siglo VXII en el que la influencia de Montesquieu y Locke es profunda. De la monarquía inglesa los estadounidenses conocían perfectamente -por sufrimiento propio-la personalidad patológica del Rey Jorge III, y al diseñar el Poder Ejecutivo amarraron las facultades de jerarca máximo, tratando de evitar que el concepto monárquico inglés se introdujera en la vida política de la nación apenas independizada” (Guier 1995)
En este sentido, don Fernando Guier Esquivel (CEDIL 1995) deja entrever además, en sus importantes notas a la revista parlamentaria de la república de Costa Rica, que la adopción del sistema estadounidense (presidencialista) en esta zona, era una necesidad o familiaridad imperante en los habitantes de la época, de contar siempre con la figura de un líder máximo como el cacique, conquistador, gobernador, encomendero, liberador etc. Ello fortaleció probablemente, la adopción de la figura del presidente en los países del área.
Los criterios en cuanto al cambio o no de la forma de gobierno son variados. Algunos conocedores del tema, han coincidido en la posibilidad de hacer reformas institucionales que permitan una moderación del sistema presidencialista, sin que ello implique, adoptar un sistema diferente (llámese parlamentarista o semiparlamentarista), opinión que podría respaldarse con el desarrollo histórico y la tradición cultural que se ha impregnado a través de los años en la idiosincrasia patria. Don Rubén Henández Valle, constitucionalista y politólogo del país, argumenta al respecto:
“…si el pluripartidismo está causando estragos en nuestro país con un régimen presidencialista en el que no son posibles los votos de censura y, por tanto la caída anticipada del Gobierno, hay que imaginarse lo que ocurrirá en un régimen semipresidencialista, en el que la Asamblea podría hacer dimitir al gobierno de turno mediante un voto de censura…”
Aún más, para otros autores, los cambios en los problemas de gobernabilidad no están en la forma de gobierno que se adopte, sino en una serie de cambios estructurales, legales, prácticos y políticos de otra índole.
Otros estudiosos del tema consideran, que sí existe la necesidad de que se dé un cambio en este aspecto, bajo la justificación de que la situación político - electoral en el país ha provocado que en los últimos años, el gobierno no haya contado con la mayoría necesaria en el parlamento para la toma de decisiones, lo que quieren lograr es una oposición muy férrea que impida que se voten medidas importantes. Esto sería un indicador, de que si el gobierno no logra la mayoría en el parlamento, no puede ejercer de la mejor forma las funciones ejecutivas.
Realizar un cambio en la forma de gobierno, como pasar a un sistema semipresidencialista, permitiría en este orden de ideas, según los conocedores, una aprobación más ágil de los proyectos de ley, un mayor representatividad, un mayor control político del Ejecutivo, una mayor discusión pública sobre los asuntos de interés nacional y se fomenta además, una mayor gobernabilidad al promover una mejor integración de la acción del Ejecutivo con el Legislativo.
A manera de conclusión diremos que al parecer es esta la disyuntiva de los diseñadores de instituciones para pasar de un régimen presidencialista –autoritario o no- a un semipresidencialista o semiparlamentario en Costa Rica y otros países, que permita un mayor equilibrio de poderes, una presidencia acotada en facultades constitucionales y fácticas, y un rejuego de poderes que permita mayor gobernabilidad y quizás mayor democracia en el área.
La solidez institucional depende de la fortaleza de la sociedad, de La maduración de sus ciudadanos, de partidos y de parlamentarios más actuantes y responsables de la gobernabilidad democrática.
Hasta ahora la situación de Chile y Costa Rica dependen de los avances democráticos en el área latinoamericana, de los juegos de intereses de los actores políticos, la construcción de una cultura más democrática, independientemente de las posturas ideológicas de los actuantes en el escenario político actual, lo cierto que la pérdida de la supremacía imperial de USA y con el viraje de la actual administración norteamericana, se avizoran esperanzas y posibilidades de la ampliación democrática y el cambio de régimen de manera pactada, institucional.

Fuentes:
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